El Concejo deliberante aprobó por unanimidad  el proyecto, presentado por la Concejal Emilia Otharán  del Bloque Movimiento Surco, donde se prohíbe el otorgamiento de nuevas licencias comerciales para el funcionamiento de locales de diversión nocturna tipificados en la Ordenanza 7/68 como Cabarets, Night Club y Whisquerías.

En el mismo solicitan al Ejecutivo Municipal, la eliminación de la  categoría “C”, establecida por Resolución D.E.M. nº 1799/03 que reglamenta la Ordenanza Nº 4353/01 “Libreta Sanitaria”.-

Se estableció  que durante el curso del próximo período Legislativo, el Departamento Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante deberán proceder a la revisión y adecuación de la Ordenanza 7/68.- 

El delito de Trata de personas que , a partir de la sanción y promulgación de la ley 26.364, sobre Prevención y Sanción de la Trata de personas y asistencia a sus víctimas, ha sido incorporado en el Artículo 145 bis y complementarias del Código Penal  es en magnitud el tercer ilícito  en el mundo después del Tráfico de armas y drogas. Contempla aspectos vinculados con el poder y la situación de extrema vulnerabilidad de grandes sectores de la población mundial y crece desmesuradamente operando a través de redes criminales.

Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas , casi el 20% de las víctimas de trata de personas en el mundo son niños , niñas y adolescentes a quiénes  reclutan para realizar trabajos en los que se requiere destreza, o como precoces combatientes para las guerras o son captados por redes de pornografía infantil. También la Organización internacional del Trabajo , ha difundido que anualmente entre 600 a 800 mil personas son víctimas del tráfico de personas y que el 98% de las victimas de redes de explotación sexual son mujeres y niñas.

En tal sentido, reconocemos que la Municipalidad de San Martín  de los Andes, al considerar en la ordenanza Nº 7/68 que reglamenta el funcionamiento de los “cabarets, “boites”, wiskería” , night club” y “club nocturno”, y con ellos, previo otorgamiento de “ Libreta Sanitaria- Categoria C: Alternadoras”, trabajan jóvenes bajo esa denominación, ubicándoselas como objeto de espectáculo público y coaccionándolas al ejercicio de la prostitución agravado por los delitos de proxenetismo, rufianería y trata de personas, está hasta la actualidad encuadrada en una postura reglamentarista frecuente en casi todas las legislaciones municipales, que no sólo ha facilitado la comisión de delito sino que además ha desconocido legislación nacional e internacional referida a la violación de derechos de niños, niñas y adolescentes.

El Estado Municipal no puede seguir avalando institucionalmente un modelo social que garantiza el uso colectivo de las mujeres más desfavorecidas y excluidas del sistema ni las prácticas masculinas de acceso por precio a su cuerpo. El trabajo sexual no es un trabajo digno, sino una forma más de explotación , donde las mujeres siguen siendo sometidas. El estado es quien debe garantizar formas de trabajo digno.

Ayer se aprobó por unanimidad en diputados la reforma a la ley contra la trata de personas donde se elimina el concepto de consentimiento, como elemento para exculpar de castigo penal a quién promueva la prostitución o la explote a una mujer, se establece mayor protección del Estado Nacional para reincorporar a las víctimas a la actividad laboral y educativa y además se creará un Consejo Federal para la lucha contra la trata y un comité Ejecutivo que se encargue de asistir a las víctimas.

En la sesión estuvieron presentes las integrantes de la Agrupación Juana Azurduy, que junto con la Concejal Emilia Otharán, trabajan incansablemente en contra de la violencia de género, quiénes agradecieron el tratamiento de la norma y pidieron que se tome conciencia lo que significa el negocio de la Trata y que cualquier familiar o amigo cercano puede ser una víctima.  .