El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto de comunicación donde Solicitan a la Legislatura Provincial la suspensión -de manera provisoria- de los Juicios Ejecutivos que afectan a vecinos de San Martín de los Andes y Junín de los Andes, en virtud de las investigaciones sobre Estafa y Usura que lleva adelante el Fiscal Adjunto -Dr. Jorge Criado- en la Cuarta Circunscripción Judicial.

Este proyecto fue presentado por los Concejales del MPN Y MID.

El Proyecto tiene por espíritu principal solicitarle a la Legislatura Provincial apruebe una ley que suspenda los juicios ejecutivos que afectan a vecinos de nuestra ciudad y Junín de los Andes.

En la pasada Sesión Ordinaria del día 15 de diciembre del año 2011, este cuerpo aprobó -por unanimidad- el Proyecto de Declaración Nº 1674, donde expresamos nuestra preocupación por los perjuicios económicos y sociales ocasionados a distintos vecinos de la Ciudad de San Martín de los Andes, en virtud de la toma de créditos personales con intereses exorbitantes acompañada de una metodología de inducción a la mora.
En los fundamentos expresamos: “Que un grupo de vecinos de nuestra Ciudad y de la localidad de Junín de los Andes se acercaron a la Seccional Lacar –específicamente al área de Asesoramiento Jurídico Gratuito-, a fin de expresar su angustia y preocupación frente a los innumerables notificaciones que mes a mes reciben como consecuencia de haber solicitado préstamos y/o créditos oportunamente tomados ante una persona física, requiriendo cualquier apoyo para enfrentar esta compleja situación”.

Una vez conocidos los hechos, el cuerpo de abogados inició las actuaciones de hecho para intentar ayudar a los vecinos damnificados. En esa línea de trabajo, se reunió la prueba documental, se envió Nota a la Dra. Andrea Di Prinzio, en su carácter de Presidente del Colegio de Abogados de la IV Circunscripción Judicial, para que tome intervención en el asunto de referencia toda vez que –según las denuncias- se trata de un abogado que pertenece al Colegio de esta jurisdicción, se orientó y advirtió sobre la necesidad de continuar realizando las denuncias ante la fiscalía, se solicitaron y realizaron las reuniones con el Juez de Instrucción Penal, así como con el Fiscal que interviene en las causas.

Los distintos Tribunales del país van sentando poco a poco jurisprudencia a favor de la aplicación del artículo 1101 del Código Civil, en los casos que un proceso ejecutivo se encuentre vinculado y causalmente, con un proceso penal.
Incluso, dentro del fuero penal, en busca de frenar la consumación del delito por la ejecución de sentencia de remate, se ha llegado a admitir el ordenamiento de una medida cautelar de no innovar tendiente a la paralización del proceso ejecutivo en sede comercial. Todo ello en aras de frenar la tramitación de un proceso cuya culminación derivaría en la consumación de un delito penal.

Hasta tanto se resuelva la parte penal, muchos de los damnificados han presentado en la instancia civil la suspensión de las ejecuciones atento a la gravedad del perjuicio sufrido.
Creemos que la Legislatura Provincial debe expedirse en defensa de los damnificados y facilitar el accionar de la fiscalía adjunta que lleva adelante las actuaciones y estamos convencidos que el accionar de los distintos poderes del Estado aportarán el equilibrio que produjo esta desigualdad, es que solicitamos se dicte una ley que suspenda las ejecuciones hasta tanto se resuelva la cuestión penal.

Invitan al Concejo Deliberante de Junín de los Andes a adherir y acompañar el proyecto.