El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto presentado por los Concejales del Bloque MPN, donde comunican  la necesidad de que el Gobierno Nacional, a través de la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, agilice y efectivice las indemnizaciones para todos aquellos agentes trabajadores que fueron cesanteados, obligados a renunciar o exonerados desde el 24 de marzo de 1976 y hasta fines del año 1983.

El proyecto presentado por el Bloque del MPN que origina el expediente de la referencia tiene por objeto principal comunicar la necesidad de que el Gobierno Nacional agilice las indemnizaciones a los distintos agentes públicos nacionales que fueron cesanteados, obligados a renunciar o exonerados oportunamente- sin causa justificada- por parte de la Dictadura Militar que impero durante el período 1976-1983.

Actualmente es la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias, la encargada y responsable de ejecutar las leyes Reparatorias Nº 24.043, Ley Nº 24.321 Certificado de “ausencia por desaparición forzada”, Ley Nº 24.411 Indemnización por desaparición forzada o fallecidos por el accionar del terrorismo de Estado, Ley Nº 24.043 Indemnización para ex Detenidos, Ley Nº 25.914 Indemnización para Hijos y la Ley Nº 26.564 ampliación de los beneficios de las leyes Nº 24.043 y Nº 24.411.

Entre sus competencias se encuentra la de coordinar con los distintos organismos competentes del Poder Judicial de la Nación, otras jurisdicciones de la Administración Pública nacional y provincial, y áreas incumbentes en la materia, a los fines de la obtención de la prueba necesaria para acreditar cada pedido de reparación indemnizatoria previsto en las leyes que tiene a su cargo.

En la Provincia del Neuquén, se sancionó la Ley Nº 2863/13, la cual contempló una indemnización resarcitoria de 30 salarios mínimos ($108.000.- a valores actuales) para cada agente que perdió el empleo por motivos políticos y no fue restituido durante el año siguiente, con excepción de los que formaron parte de servicios de inteligencia o represivos.

Según una publicación del diario La Mañana del Neuquén (viernes 2 de agosto de 2013) “No existen registros oficiales sobre la cantidad de damnificados que podrán cobrar, aunque durante el debate legislativo se estimo que superarían los 300 agentes”.