El Concejo Deliberante de San Martín de los Andes aprobó una comunicación por medio de la cual solicitan al Departamento Ejecutivo Municipal la necesidad de que, por intermedio de la Secretaría de Obras Públicas, se verifique si se reanudaron los trabajos de instalación de postes en el Barrio Artigas II.

La iniciativa presentada por el bloque Frente para la Victoria a su vez solicita que en el mismo acto se verifique si los postes instalados corresponden a los trabajos realizados en el año 2012.

Esta comunicación se fundamenta en el hecho de que vecinos del Bº Artigas II, volvieron a notificar al Concejo Deliberante que una empresa estaría instalando nuevamente postes en dicho barrio, a pesar del fallo judicial que obliga al desarrollador a soterrar el cableado.

Antecedentes

En el año 2010 el desarrollador de los loteos de Los Coirones y Santo Domingo de Chacra 28 solicitó al Concejo Deliberante una excepción para realizar un tendido eléctrico aéreo dado los altos costos que implicaba el subterráneo.

La excepción llegó mediante la Ordenanza nº 83986/11 que autorizó al Sr. Fernando Raúl Vienna, desarrollador de esos loteos, a efectuar el tendido aéreo del cableado para el abastecimiento de energía eléctrica, de acuerdo a las especificaciones técnicas que a tales fines establezca el EPEN.

No obstante, para realizar este tendido aéreo comenzaron a perforar e instalar postes en los frentes de las viviendas de otros barrios, el Artigas II. Barrio que habían realizado el soterramiento de servicios eléctricos no solo en cumplimiento de las normativa vigente sino porque ese había sido su deseo de dar al barrio una imagen acorde “con la hermosa ciudad”.

El conflicto se fue intensificando y la Junta Vecinal de Cordones del Chapelco en representación de vecinos del barrio Artigas presentó una nota al Municipio en relación a este tema. El Concejo Deliberante paralizó las obras en el 2012.

Vecinos de Los Coirones presentaron un recurso de amparo contra la Municipalidad. Acción que fue rechazada por el Juez Consentino y confirmada por la Cámara de Apelaciones de la IV Circunscripción Judicial, obligando al desarrollador a soterrar fuera del barrio.

Asimismo el desarrollador recibió por Ordenanza 10.238/14 un crédito fiscal de pesos cuatrocientos cuarenta y ocho mil diecinueve ($ 448.019.-) para soterramiento de la obra.

Al momento de las alocuciones el concejal Martín Rodríguez indicó “lo que intenta hacer esta comunicación es que, sin autorización y de avivada, alguien esté haciendo (cableado) aéreo cuando tiene la obligación de hacer soterrado. Y encima recibió un crédito fiscal a favor de esto…”