El Defensor del Pueblo presentó su informe anual
El Defensor del Pueblo presentó su informe anual
En la pasada sesión del Concejo Deliberante de San Martín de los Andes el Defensor del Pueblo y del Ambiente de San Martín de los Andes, Sr. Fernando Bravo realizó la presentación del informe anual de las actuaciones realizadas en el 2016, en el marco de la Ordenanza 10136/14.
Es de mencionar que el instituto mencionado comenzó a funcionar en Julio del año pasado por lo que el informe refirió a este período. En tanto el trabajo realizado por la Defensoría fue detallado por el funcionario en la lectura de la presentación del informe, que a continuación transcribimos y cuyo informe completo se adjunta.
La Defensoría realizó 171 actuaciones y más de 400 intervenciones, tratando reclamos y quejas de particulares y organizaciones. Las acciones se agrupan en Administración Municipal (22%); Conflictos Vecinales (7%); Orientación Legal (22%); Derechos Humanos (23%); Mediación (2%); Servicios Públicos (15%); Ambiente y Urbanismo (9%).
Del total de las demandas presentadas, el organismo aceptó el 95% y sólo derivó un 5% al área de Defensa del Consumidor, y a la Secretaría de Desarrollo Social para una mediación comunitaria. De sus intervenciones el 83 % están cerradas, habilitando una nueva modalidad de seguimiento de los expedientes, más allá de que ya estén cerrados.
Presentación a cargo de Fernando Bravo
Una breve reseña
La visión de los convencionales municipales que en 2010 dieron a la luz pública la reforma integral de la Carta Orgánica de San Martín de los Andes de 1989, incluyó entre los nuevos institutos de la ciudad la Defensoría del Pueblo y del Ambiente.
El organismo fue creado en defensa efectiva de los derechos colectivos e intereses difusos de las y los ciudadanos sanmartinenses y de nuestros visitantes, así como de sus derechos individuales frente a cualquier abuso o desatención del estado municipal, poderes de gobierno y administración pública en general.
Seis años después de aquella decisión liminar, y dos años después de la ordenanza 10.136/14 para su creación y puesta en funcionamiento, la Defensoría del Pueblo y del Ambiente de San Martín de los Andes abrió sus puertas.
Conviene recordar primero que muchas ciudades y provincias del país tienen en sus constituciones la creación de las defensorías del pueblo, pero tal mandato es sistemáticamente ignorado por los poderes políticos, o cuanto menos dilatado en su concreción sobre la base de raros argumentos. Es deseable que en cada rincón del país donde una defensoría debiera funcionar, aquellos que tienen la responsabilidad histórica hagan honor a tal mandato.
Por eso, queremos destacar una vez más la decisión de los concejales que en 2014 dieron contenido y aprobación a la creación de la Defensoría del Pueblo y del Ambiente de San Martín de los Andes, y a quienes luego hicieron realidad el proceso.
Así llegamos al 1 de julio de 2016, en el que las circunstancias encontraron a la Defensoría sin lugar en el que funcionar, no a despecho del interés de las autoridades del momento, que hacían lo posible en escasez de recursos, sino a caballo de la imprevisión que caracteriza a muchas de las acciones de las administraciones públicas, cualesquiera fuere su jurisdicción: seis años desde la creación y dos años desde la ordenanza, e inauguramos un organismo público sin local donde funcionar.
Finalmente, ante la falta de espacio físico adecuado y agotadas ya todas las instancias de búsqueda en las oficinas públicas municipales, la Defensoría se vio obligada doblemente a buscar alquiler y, al mismo tiempo, a someter al Presupuesto municipal a la carga de esa erogación, siempre gravosa como son los alquileres en San Martín de los Andes.
Será deseable entonces que esta situación pueda ser corregida más temprano que tarde, para que la Defensoría logre contar con un espacio propio conforme la importancia de su cometido. Defensoría
Para concluir esta breve reseña, deben saber las vecinas y vecinos de San Martín de los Andes que una vez en su actual local alquilado con dinero municipal, la Defensoría comenzó a funcionar con sillas, mobiliario, computadoras y otros enseres donados por gentes a las que les estaremos eternamente agradecidos. Pues no sólo no teníamos edificio propio, sino que tampoco teníamos dónde sentarnos. Fueron personas, empresas e instituciones las que se acercaron a dar una mano en forma de escritorios, computadoras, sillas y hasta una impresora en su media vida.
Hoy, a más de seis meses vista, con las limitaciones propias del presupuesto de la ciudad en esta coyuntura, debemos decir que se está armando la Defensoría con nuevos elementos ahora sí provistos por el municipio.
El presente informe anual se desarrolla en circunstancias extraordinarias, debido a que esta Defensoría inició sus actuaciones a mitad de un año calendario, y la ordenanza 10.136 impone la presentación al Concejo Deliberante antes de la conclusión de marzo de cada año. Entonces, recoge sólo los primeros seis meses de labor. Seis meses que para el equipo de trabajo que suscribe al pie han sido difíciles, sorprendentes, cuestionadores, movilizadores y, sobre todo, apasionantes.
Los ámbitos
La Defensoría del Pueblo y del Ambiente de San Martín de los Andes trabaja en distintos ámbitos de actuación, que a la hora de articulación de su proyecto llamamos “Institucional y Vías de Asesoramiento; Normativa Específica y de Interés; Medio ambiente; Personas con Capacidades Diferentes; Infancia y Adolescencia; Adultos Mayores; Violencia de Género; Pueblos Originarios; Discriminación, Xenofobia y Racismo; Consultas Generales; Asuntos Municipales; Defensoría en los Barrios; Informes, Actuaciones, Intervenciones y Documentos de Trabajo; Control de Gestión; Mediación; Redes Sociales, Noticias y Actualidad.
La división obedece al reconocimiento de los principios de buen gobierno contenidos en la Carta Orgánica Municipal de San Martín de los Andes, los derechos consignados en ellos, obligaciones y competencias municipales.
Luego, tal ordenamiento se tradujo en estos primeros seis meses en una gran división de temas que reunieron un total de 171 actuaciones, agrupados por Administración Municipal (22%); Conflictos Vecinales (7%); Orientación Legal (22%); Derechos Humanos (23%); Mediación (2%); Servicios Públicos (15%); Ambiente y Urbanismo (9%).
A los fines de estas líneas el ordenamiento es meramente enunciativo, pues las y los concejales cuentan con un anexo estadístico y un detalle de otras actuaciones que completan el presente informe como parte medular, y que incluye además la ejecución presupuestaria de los primeros seis meses de labor.
En este punto permítasenos destacar que la Defensoría cumplió con el presupuesto asignado a pesar de la escasez de medios ya apuntada con la que comenzó a funcionar desde “cero”, como se puede apreciar en el detalle anexo correspondiente.
La mirada
Es vital enfatizar aquí una cuestión central de la Defensoría, porque así se lo impone la norma y estamos convencidos de ello, cual es contribuir a mejorar los procesos municipales cuando esté a su alcance, merced a la detección de problemas y la formulación de recomendaciones.
En ese sentido, se advirtieron al Departamento Ejecutivo Municipal falencias, sobre todo en la relación entre las necesidades y la disposición de los recursos humanos para distintos procedimientos; se formularon recomendaciones y se plantearon alternativas. Este Concejo Deliberante recibió oportunamente copias de ellas.
Otra labor es la detección de las llamadas lagunas normativas en la legislación municipal, que ya dio sus primeros frutos como fue el proyecto de ordenanza de venta eventual de alimentos, fundado especialmente en la necesidad de la manipulación responsable de alimentos y un concepto de equidad fiscal respecto de otros prestadores debidamente establecidos. El proyecto de ordenanza fue aprobado por unanimidad de este cuerpo legislativo.
Para esta Defensoría es de capital importancia poner en perspectiva las distintas problemáticas de las personas y de la ciudad, vista como verdadero organismo vivo, en procura de hallar principios comunes que orienten las acciones políticas, sin perjuicio de la competencia estratégica que corresponde a otros organismos del municipio.
En ese contexto esta Defensoría ha producido sus “documentos de trabajo”, que enfocan una problemática específica, generalmente precedida de una cierta conflictividad social, desde una mirada técnica, legal, decididamente política pero no partidista y, sobre todo, humana.
Tales documentos se fundan en la defensa de los derechos involucrados en cada caso, y tienen por único objeto reconducir las discusiones hacia diversas alternativas de solución integral. Precisamente, son documentos de trabajo porque no implican posicionamientos rígidos, sino herramientas intelectuales para colaborar con poner en cauce el debate de tales asuntos, en el marco de los mecanismos que la democracia nos ofrece.
Así, surgieron los documentos de trabajo sobre “Uso del Espacio Público”; Documento de Trabajo sobre “Protocolo por Consumo de Alcohol”; Documento de Trabajo, Informe y Recomendaciones sobre Prestación del Servicio de Educación Pública en San Martín de los Andes; Documento de Trabajo sobre Reconocimiento de Derechos de los Pueblos Originarios en Situaciones de Hallazgos Arqueológicos y Antropológicos; Documento de Trabajo y solicitud de acciones por asuntos de Salud Pública; Documento de Trabajo sobre Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos. Si bien en cada ocasión se dispuso la entrega de copias al Concejo Deliberante y al Departamento Ejecutivo, se adjuntan al presente informe para su reunión en un mismo cuerpo.
Algunos principios
Ciertos principios atraviesan las acciones de esta Defensoría. Primero, lo anunciamos el día de la asunción del cargo en este mismo recinto y hemos hecho de él un principio irrenunciable: a nadie decimos que no. Esto significa que incluso cuando no se trate de un asunto alcanzado por la normativa que define las tareas y responsabilidades de la Defensoría, igual prestamos asesoramiento y acompañamos a la persona para que realice su reclamo o trámite donde en efecto corresponda.
Esa es la razón por la cual en estos seis meses no hay resoluciones de rechazo, sin perjuicio de que aún no hemos tenido casos que encuadren en las causales de desestimación que impone la normativa.
Hemos aceptado el 95 por ciento de las demandas de los vecinos, habiendo sólo derivado el 5 por ciento de ellas. De ese cinco por ciento, el 63 por ciento constituyeron “pases” a Defensa del Consumidor, ya que esta Defensoría del Pueblo y del Ambiente no interviene en las acciones relacionadas con la Ley Nacional 24.240, y el resto fueron derivaciones al servicio de Mediación de Desarrollo Social, con el que hemos coordinado trabajos.
Al 31 de diciembre próximo pasado ya se había cerrado el 83 por ciento de las intervenciones, lo que en términos de esta Defensoría significa que se ha realizado todo lo que correspondía a esta institución en procura de la satisfacción del reclamo planteado. Pero como “cerrar” no significa siempre lograr la respuesta pretendida, es que hemos inaugurado una modalidad especial dentro de nuestras actuaciones, que diferencia aquellas que están definitivamente cerradas porque se ha cumplido el cometido, respecto de aquellas que están cerradas pero se mantiene el expediente en seguimiento hasta la completa realización del objetivo.
A modo de ejemplo para exponer el concepto: se realizaron diversas acciones sobre las obras necesarias para dotar de seguridad a la calle Weber, entre Elordi y Sarmiento. Luego, acordados criterios con los vecinos y el municipio tras una reunión en la Defensoría, el municipio comprometió diversos trabajos y proyectos. La Defensoría cerró en este tramo su participación, pero el expediente quedó en seguimiento hasta que se cumplan los compromisos.
De momento y al 31 de diciembre, el 33 por ciento de los expedientes continúa en seguimiento. En la serie estadística anexa están contenidos, a su vez, los detalles de las distintas actuaciones por ámbito de realización.
Otro principio esencial que anima a esta Defensoría, es que concebimos la tarea de modo proactivo. Esto significa que no nos limitamos a ser vehículo de reclamos por la vulneración de derechos, sino que además proponemos medidas concretas para reparar la falta u ofrecemos diagnóstico y acciones para enfrentar ciertas problemáticas, lo cual se refleja más claramente en los ya citados documentos de trabajo.
Asimismo, interpretamos nuestro rol con un fuerte contenido articulador; somos vehículo que aspira a facilitar el diálogo y mediar en los conflictos.
Por otra parte, es una preocupación permanente reducir el tiempo de respuesta a las demandas. Por eso, esta Defensoría creó un mecanismo propio, el trámite abreviado, que permite a los funcionarios, si así lo prefieren, responder al requerimiento de la Defensoría de modo verbal, sin la necesidad de aplicarse en un informe escrito, todo lo cual quedará luego volcado en un acta de cuya redacción se ocupa la Defensoría.
Las personas
La Defensoría del Pueblo y del Ambiente atraviesa todas las áreas del municipio, a la par que se proyecta sobre servicios esenciales del Estado provincial y Nacional, como lo demuestran numerosas actuaciones en asuntos de Salud Pública, Educación, Tarifas, incluyendo acciones judiciales frente a la vulneración de derechos elementales.
Pero si bien cada acción se transfiere a un soporte en papel o digital, con la forma administrativa propia del proceso, nosotros no trabajamos con expedientes; trabajamos con personas.
Y las personas tienen dificultades, vulnerabilidades, necesidades, enojos que en algunos casos son el producto acumulado por años de falta de respuestas.
Es notorio el número de personas que llega a la Defensoría con la misma frase en los labios: “vengo a verlos a ustedes porque ya no sé a quién más ir a ver…”.
El primer bálsamo en esa tarea es aprender a escuchar, y escuchar es la primera cosa que nos surge como necesidad evidente cuando actuamos con las personas que llegan a la Defensoría por multitud de motivos. A partir de ese primer paso se disparan todos los protocolos de actuación diseñados en la Defensoría para abordar cada problemática.
Es notable también la desorientación que exhiben muchos vecinos y vecinas, porque deambulan por oficinas municipales, provinciales e incluso nacionales, sin respuestas claras a sus necesidades u obteniendo promesas largamente multiplicadas de que ya se van a ocupar de tal o cual asunto. Lo mismo ocurre con las relaciones entre particulares, que se enmarcan en un grado de conflictividad que debe preocuparnos. Picos de bronca, amenazas y hasta acciones de hecho por cuestiones de medianera o estacionamiento en la acera ajena.
Esa desorientación no en vano ha derivado en que el 22 por ciento de todas nuestras actuaciones hayan tenido como eje central la orientación legal, para que el ciudadano conozca las herramientas que le asisten. La asesoría legal es cada vez más importante en la Defensoría.
En el mismo contexto debiera ponerse la frecuente insistencia recogida en la Defensoría como primer reclamo de muchos vecinos: “queremos un recurso de amparo…”. En efecto, la potencialidad de iniciar acciones judiciales por intereses colectivos o difusos es una herramienta al alcance de todas las Defensorías del Pueblo, que la de San Martín de los Andes ya ha utilizado y sin duda utilizará. Pero debe entenderse también que recurrir a los tribunales por un asunto que debería haber tenido una resolución de los poderes de gobierno o de cualquiera de las instancias del estado, es una forma de judicializar la política admitiendo su fracaso.
No debe interpretarse esto como tibieza de la Defensoría en recurrir a la justicia cuando se imponga su remedio. Por el contrario, seremos firmes en ese sentido toda vez que sea necesario. De hecho, claramente hay razones para tener a mano tal recurso, pues a pesar de nuestras intervenciones más insistentes hay temas en los que no hemos logrado avances significativos en defensa de los vecinos y vecinas.
Pero la primera misión autoimpuesta es encontrar en el ámbito del diálogo, del consenso y de la racionalidad, la solución a los problemas. La justicia, salvo para casos específicos en los que constituye la vía adecuada, debiera ser la última instancia a la que recurrir cuando se trata de problemáticas sociales.
Y qué otro interés debiera tener la política que no sea el bien común, con el objeto de mejorar la calidad de vida de las personas, promover la igualdad de oportunidades, la equidad en la asignación de recursos y el desarrollo integral de las personas como individuos y como miembros de colectivos sociales.
Cuando eso no ocurre por el motivo que fuere, la política fracasa. Es algo que debiéramos tener presente cada vez que nos toca atender una necesidad cuya respuesta está en el tablero de herramientas de la política.
Eso incluye nuestro propio fracaso como defensores, cuando no alcanzamos a encontrar el camino que nos permita obtener la respuesta deseada.
Generalmente estos informes pretenden dar cuenta de los hecho, pero no se detienen en lo no hecho, sobre todo si es por culpas propias. La Defensoría del Pueblo y del Ambiente de San Martín de los Andes figura en la Carta Orgánica en el capítulo dedicado a los organismos de contralor. Pero mal podríamos controlar si no tenemos la honestidad intelectual de admitir nuestros propios errores.
Tenemos largos capítulos en los que estamos en falta: debemos hacer más en la lucha contra la violencia de género, adultos mayores, mucho más en la promoción de los derechos de los pueblos originarios, mucho más en la detección de problemas en los barrios. Incluso nos hemos encontrado con vecinos que se manifestaron en desacuerdo con algunas intervenciones de la Defensoría, cuestionando su papel y hasta la oportunidad de sus intervenciones. Están en su derecho y acaso llevan razón. Créannos, valoramos la discrepancia. En nuestro descargo sólo podemos alegar el compromiso de corregir las falencias.
Por el contrario, estamos orgullosos de las muchas acciones encaradas en estos seis meses, que se detallan en anexo. Aquí simplemente enunciamos algunas de ellas que incluyen propuestas concretas de la Defensoría, más allá de las intervenciones por casos puntuales: incorporación de la Defensoría en la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina; conformación de la Red de Defensorías de la Patagonia y participación en la firma de la Red de Monitoreo Ambiental de la Patagonia, que se celebrará en breve; convenio con Defensoría del Pueblo de Neuquén por realización de la Primera y Segunda Jornada de Capacitación en Mediación Escolar; participaciones en COPE; actuaciones por reserva de estacionamiento por discapacidad y pasajes para personas con discapacidad; convenio con el INADI para que la Defensoría actúe como boca de recepción de denuncias; participación en el proyecto de Caminos Amigables a la Escuela; seguimiento de estudios sobre Calidad de Aguas de Arroyos y Lagos; revisión de protocolo de actuación por arbolado en riesgo; propuestas de corrección tarifarias al EPEN y al Ministerio de Energía; intervención por emergencia educativa y situación de las EPET; actuaciones por seguridad en barrios; intervención y propuestas por denuncias de apremios policiales; seguimiento y propuestas por estado y mantenimiento de espacios verdes; bebederos y sanitarios en espacios públicos…
La red
En atención a todo lo dicho, que no es otra cosa que la detección de las problemáticas que aparecen en la Defensoría con ejes comunes y recurrentes, es que esta institución se ha lanzado al desafío de crear una red de redes de respuesta rápida a problemas complejos.
Es notable la cantidad y calidad de personas que trabajan en distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en San Martín de los Andes. Se ocupan de asuntos variados como los problemas complejos de la salud; el ambiente; los consumos problemáticos; la niñez y adolescencia, el tránsito y más.
Muchas de esas personas están en instituciones públicas, forman parte del Estado, y otras tantas personas están en organizaciones de la vida civil; la más de las veces con escasez de recursos para hacer su tarea. Muchas de estas mismas personas se contactan, se implican en labores conjuntas, se empeñan en mejorar las cosas e intersectan sus acciones en determinados momentos, cuando surge la necesidad de ello.
Pero sin perjuicio de honrosas excepciones, no hay un aprovechamiento sistemático de semejante caudal humano; las intersecciones de esos trabajos se sostienen solo cuando la necesidad se impone, con lo cual más de una vez se producen esfuerzos sobre los mismos asuntos de interés pero de modo disperso.
Como se ha dicho, con el aporte invalorable de personas de bien y experiencia profesional, la Defensoría se ha lanzado a procurar el desafío de una “red de redes”, que opere como trama común de conexión de tales esfuerzos; que sea capaz de actuar frente al surgimiento de problemas complejos con una mirada integral de la problemática, para dar respuesta aquí y ahora haciendo sinergia. Es decir, que sirva de nexo entre tal diversidad de organizaciones, para que éstas compartan intereses, trabajos, estudios, problemáticas, necesidades en un ámbito común y estable de intersección de todas ellas, de modo que estén rápidamente coordinadas para cuando sea menester el abordaje de problemas complejos.
La aspiración no tiene fecha, pues preferimos ir más seguro que rápido. Pero la idea es que la red de redes permita, con independencia de quién esté en el gobierno circunstancialmente, que las organizaciones de la vida civil se coordinen con el propio estado, y sean capaces de reaccionar en la urgencia pero conservando sus propios matices y separando lo urgente de lo importante, con acopio de trabajo hecho para mejorar la capacidad de respuesta objetiva.
Para ponerlo en un ejemplo concreto, el Consejo de la Comunidad para la Niñez, Adolescencia y Familia, y la Mesa Política de Participación Infantil, así como otras instituciones entre las que se cuenta esta Defensoría, estamos trabajando en un proyecto de “Caminos Amigables a la Escuela”, que es una iniciativa fundada en crear relaciones de ciudadanía cuidando a nuestros niños, niñas y adolescentes. Hoy y hasta el presente, estamos encontrando apoyo del gobierno provincial y municipal, pero se entenderá que el objetivo es demasiado importante para que quede condicionado al presente del gobierno en turno.
Sin embargo, cuando las organizaciones de la vida civil y el Estado convergen en acciones coordinadas, la continuidad de las políticas es mucho más segura por consenso, y la capacidad de respuesta frente a los problemas complejos es más rápida y productiva. Estamos convencidos de ello.
Permítasenos recurrir a dos frases que integran el ideario de esta Defensoría. Una de ellas es de Manuel Belgrano, y dice: “¿Qué otra cosa son los individuos de un gobierno, que los agentes de negocios de la sociedad, para arreglarlos y dirigirlos del modo que conforme al interés público”.
La otra es de J.F Kennedy, por cierto que teñida de la contrariedad política de entonces en medio de la carrera por el espacio. Pero la frase en sí, recortada de su contexto político y puesta en su contexto histórico, es acaso una de las más movilizadoras que se hayan pronunciado en nuestro tiempo: Decía: no debemos ir a la luna porque es fácil, debemos ir a la luna porque es difícil…”.