Tal como sucede anualmente, la Defensoría del Pueblo y del Ambiente (DPA) realizó la presentación ante los concejales, con un detalle de las acciones realizadas en el año 2023. Además de desarrollar una exposición oral, dejó un informe por escrito en el que enumera su participación en diversos ámbitos, con una editorial inicial que remarca la “excesiva laxitud en los tiempos de respuesta” por parte del Estado ante diversos planteos de vecinos y vecinas, el cual “no contesta o elige el momento de responder a su antojo, muy lejos de los tiempos de los ciudadanos”.

Sobre este último punto detalla que “la falta de pronunciamiento afecta al derecho a peticionar ante las autoridades, mientras que en el específico caso del requerimiento de acceso a la información pública, el silencio colisiona contra el principio republicano de transparencia y publicidad”. Ante este análisis, la DPA acompañó su presentación con un proyecto de ordenanza “que consagra la difusión de los instrumentos específicos” buscando que los vecinos y vecinas conozcan sus derechos “más allá de los mínimos y obligados mecanismos de publicidad exigibles a los actos del Estado”.

En cuanto a sus actividades durante el 2023, la DPA enumeró su participación en el Consejo de la Comunidad para la Niñez, Adolescencia y Familia, la Mesa de Política de Participación Infantil (MePPI), la Comisión Asesora de Eliminación de Barreras (CAEB), la Junta Evaluadora Local de Discapacidad, la Red Mingaco- Red de Salud Comunitaria SMA, y la Red de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre. También indicó su actividad dentro de la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (ADPRA).

Respecto de las actuaciones realizadas en el año pasado, destacó que las mediaciones se duplicaron en relación con el 2022, las cuales fueron en las más diversas materias y en algunos casos fueron colectivas. Según el análisis estadístico un 21% de estas estuvieron vinculadas a riesgos forestales, 13% en cuestiones de medianería, 13% sobre alquileres y 21% sobre asuntos relacionados con la convivencia vecinal.

Asimismo, detalló información respecto a dictámenes sobre servicios públicos no municipales, a partir de la ampliación de la Ordenanza 10136/14, en el año 2022. También destacó las recomendaciones generadas sobre el pago indebido por tasa de alumbrado público y contribución por usos de espacios aéreos, la intervención en la Mesa de mediación entre el Ejecutivo Municipal y la Cooperativa de Agua Potable de San Martín de los Andes y su participación en el trabajo conjunto sobre la Red de Agua Potable Comunidad Mapuche Curruhuinca en los Parajes Payla Menuco y Newen Antug. 

A continuación se puede descargar la presentación completa: