El Concejo Deliberante aprobó por Mayoría solicitar al Intendente Municipal, Juan Carlos Fernández, el apartamiento del Secretario de Gobierno, Sr. Guillermo Carnaghi, en virtud de la incompatibilidad corroborada por su accionar como funcionario público y comerciante, y flagrante falta de ética pública. Los Concejales que votaron en  a favor son Carlos Saloniti, Evaristo González , Natalia Vita, Daniel Troncoso, Natalia Bruno, Emilia Otharán y Alberto Bruno y los que votaron en Contra son Ana Ambrogi y Rodolfo Manson.

El proyecto de resolución que ponemos a consideración del cuerpo está dirigido al Señor Juan Carlos Fernández, en su carácter de Intendente de nuestra Ciudad y responsable político de los funcionarios que ha elegido para llevar adelante la Administración y Gestión de Gobierno período 2011-2015, en virtud de la interpelación realizada al Secretario de Gobierno, Señor Guillermo Carnaghi, efectuada en la Sesión Ordinaria N ° 23 del  18 de Septiembre del corriente.

En este sentido, este cuerpo tiene la obligación de expedirse al respecto, no sólo por convicciones partidarias sino, porque los vecinos que representamos necesitan tener una respuesta sobre la interpelación realizada y los hechos sucedidos.

Antes de expresar nuestra opinión al respecto, es necesario advertirle, que nuestra Carta Orgánica dispone en el Título VIII Responsabilidades de Autoridades, Funcionarios y Empleados Municipales, Capítulo III Responsabilidad Administrativa del Personal Municipal. Artículo 145, lo siguiente: “La responsabilidad Administrativa de los demás funcionarios (demás funcionarios implica, Secretarios, Subsecretarios y designados Políticos) y empleados no sometidos a juicio político, que no sean concejales municipales, en todo cuanto importe ejecución de actos lesivos a particulares o para con el Municipio, será objeto de investigación y tratamiento por la vía y el procedimiento que el Régimen de Empleo Público Municipal establezca” (esto es Sumario Administrativo).

Este artículo, Señor Intendente, deja absolutamente claro que más allá de la opinión del cuerpo de Concejales, al Secretario de Gobierno debe iniciársele el Sumario Administrativo correspondiente. Decimos esto porque en la interpelación, el Señor Secretario afirmó tajantemente que nada de eso era necesario porque siendo funcionario designado por Usted, no debía someterse al Sumario correspondiente. El artículo es claro y no admite ningún análisis al respecto.

Más allá de lo precedentemente expuesto, y entrando en lo que nos dejó la interpelación, vale resaltar algunos conceptos vertidos por el Secretario de Gobierno, a saber:

a)     Cuando se le preguntó sobre el acta de infracción por desarrollar la actividad sin licencia comercial en la base del Cerro Chapelco, contesto que “…no se sabía donde terminaba el área de concesión,…que la Empresa tiene una actitud monopólica…que es una competencia desleal su accionar con respecto a los demás rentals”.

b)    Cuando se le preguntó por la falta de aprobación de planos, sintéticamente dijo: “firmé un convenio, este año construí con Aquaterra este lugar, que es propiedad de la Comunidad Curruhuinca. Con lo cual hemos construido, a partir de este Convenio, en la Comunidad Curruhuinca. Que es la que tiene que presentar los planos para la construcción”.

“Hubo también en el interín un intento, desde el Ejecutivo Municipal que eso era territorio Curruhuinca fuera de la concesión…un intento de generar directrices especiales para poder habilitar las construcciones en el marco de la Cultura Mapuche.”

“Pero el entendimiento de la Comunidad era lograr esas directrices para poder aprobar los planos. Con lo cual, si hubiese sido así, se hubiesen presentado los planos y no tendría este inconveniente”.

Este Cuerpo considera que existió una abierta y manifiesta incompatibilidad, mucho más, marcada con los dichos del propio Secretario. Él, en su rol de Secretario de Gobierno, se reunía con la Comunidad Curruhuinca permanentemente por temas relacionados con los rentals, participaba de la Mesa Intercultural y, paralelamente, firmaba un convenio con la Comunidad Curruhuinca. Afirmó que desde el  Departamento Ejecutivo (del cual él es parte central) se intentó generar directrices especiales. Estas directrices iban a beneficiar claramente a los rentals, o sea, a su comercio.

Como puede apreciarse en la síntesis de lo expresado y en toda la interpelación, el Secretario de Gobierno NO EXPLICÓ en ningún momento por qué siendo un funcionario público, conocedor de la normativa municipal, esto es, “todo local que realice una actividad comercial DEBE CONTAR CON LICENCIA COMERCIAL, y toda construcción DEBE INEXORABLEMENTE TENER PLANOS PRESENTADOS Y APROBADOS PARA PODER FUNCIONAR”. En toda su presentación se limitó a hablar de los límites de la concesión, de la competencia desleal del concesionario, de la actitud monopólica de la concesionaria, etc, etc. Su defensa fue como comerciante de nuestra ciudad y no como un verdadero funcionario público que debe velar por el cumplimiento del Código de Edificación, el Código Tributario y demás normas que exige nuestro cuerpo normativo.

A toda esta situación, se le suma la nota ingresada el día 19 de septiembre, en donde el Agrimensor Federico Rubén Ponti (matrícula 175), expresa lo siguiente: “Que el Señor Secretario conoce con total exactitud la extensión del área de concesión, y consecuentemente, la ubicación de los límites desde el año 1985 cuando comenzó a desarrollar tareas de índole profesional en el Cerro”. “Que la totalidad del área de concesión se encuentra dentro del ejido urbano de S.M. de los Andes a partir de la promulgación de la Ley Provincial 2052/94 de ampliación del mismo” Y “que lo afirmado por el funcionario municipal interpelado no se ajusta a la realidad de los hechos, y que a la luz de los elementos más arriba indicados, no veo razones para que quien quiera informarse mínimamente de la extensión del área de Concesión del Cerro Chapelco, no tenga a su disposición  elementos suficientes para comprobarlo.”

La recreación de la Ética en la Función Pública permite orientar las acciones del gobierno en la búsqueda del bien común como fin último del Estado en un régimen democrático. Ese fin último origina los valores de libertad, justicia y solidaridad sobre los que se levanta todo sistema cuya legitimación se centra en la actualización de esos valores en la consecución del bien común.

La ausencia de ética en la función pública se traduce en corrupción de los funcionarios y con ello se deslegitima el sistema político democrático.

El funcionario público, de cualquier nivel jerárquico, debe conocer cuáles son sus deberes, sus obligaciones y sus prohibiciones, tanto en el campo ético como en el jurídico, siendo los valores a reconocer desde la función pública: la lealtad, eficiencia, probidad y responsabilidad, y los deberes, como la confidencialidad, la imparcialidad y la objetividad en el desempeño de su cargo.

A lo anterior se unen las prohibiciones de usar indebidamente los recursos públicos, de utilizar el poder público en sus expresiones corruptas de tráfico de influencias y nepotismo o para obtener prebendas personales.

El Secretario de Gobierno, nuestro Secretario de Gobierno, ejerció una actividad comercial sin tener licencia comercial, y mucho peor, construyó este local sin los planos aprobados. Un imperdonable ético para un funcionario del rango de Secretario. Una abierta y manifiesta incompatibilidad. Es contundente que él debería haberse abstenido de participar y opinar en los temas que paralelamente lo beneficiarían de manera directa o indirecta.

Por todo lo expuesto, y en la certeza que, cuanto menos, hubo una falta de ética pública, una incompatibilidad de funcionario público, este bloque solicita que el Secretario de Gobierno sea apartado del cargo que oportunamente fue asignado. Esta decisión dará a la administración actual autoridad moral frente a los vecinos para el cumplimiento de las distintas Ordenanzas Municipales.

Luego que se leyeran los fundamentos del proyecto los concejales manifestaron sus posturas.

Concejal Manson :  “ Me voy a oponer a la propuesta. Voy a agregar algunos fundamentos. El municipio pidió opinión a la asesoría legal sobre este tema. Es la opinión de la asesoría legal que esto debe ser separado en dos áreas. Con respecto al vínculo, el denunciante funda su denuncia en una norma ajena a la Municipalidad de San Martín de los Andes. Que son aquellos que, además., abandonan su cargo cuando termina su gestión política. Se trata de una decisión que está estrictamente ligada. La legislación aplicable actualmente, vigente en el Municipio. Con respecto al vínculo del Secretario de Gobierno paso también a destacar algunos de los puntos. Es  sobre la base de algunos antecedentes que obran en esta asesoría. Es una franja de tierra que la Provincia del Neuquén comprometiéndose a transferirle la titularidad de la tierra es en ese marco que la Comunidad Mapuche Curruhuinca firmó con diversos comerciantes, Por este motivo, es que la falta de cumplimiento de las normas es del dueño de la tierra. Actualmente la Municipalidad se encuentra imposibilitada Surge de todas las actuaciones que ella misma siempre consideró que el área concesionada quedaba fuera de la concesión donde actualmente se encuentran los locales de la Comunidad Curruhuinca. Recién en julio del 2014 el IJAD informó a la Municipalidad. Estos son algunos puntos en los que se funda la postura nuestra de no acompañar este Expediente. No voy a ahondar . la postura está, la expresé. Lo que sí planteo es que cuando tengo una postura la defiendo porque estoy convencido. No defiendo lo indefendible. Sabemos que nuestra postura es minoritaria en el Cuerpo.”

Concejal Alberto Bruno: “ Volvemos a escuchar lo mismo. Cuando hacemos referencia a los 38 años de actividad yo entiendo que eso no da derecho a que hoy se traspase ese marco de legalidad. Estas cosas yo creo que no son argumentos para sostener lo que todos los vecinos hablan en la calle.

Está claro lo que es el informe de Ponti de quién es la tierra. Cuando el Secretario de Gobierno dice que no tienen claro de quién son las tierras y más con lo que significa la carga pública. Hoy la Secretaría de Gobierno tiene la función de defender lo que a la vista de todos es indefendible. Y verdaderamente yo entiendo que quiera defenderlo, pero es indefendible. Y esto es la sensación que quedó en la ciudadanía. Y nosotros no podemos permitir que quede esta sensación en la ciudadanía. Lo que no podemos hacer es dejar pasar un hecho de esta naturaleza. Se buscó por todos los caminos para poder seguir generando la actividad comercial. El resto de los rentals podrían haberse equivocado y no les cabe la carga pública. Sí les caben las generales de la Ley.  Pero estamos hablando de lo que significa la carga pública para un funcionario público. Y en qué situación quedamos nosotros cuando tengamos que decirle que no a algún vecino que venga por alguna excepción. Por eso es importante y entiendo que nosotros tenemos que hacerlo. Acá no se puede sacarle el hombro a la toma de decisiones importantes de esta naturaleza. Por eso vamos  a adelantar el voto positivo.”

Concejal Troncoso: “Quiero hacer mención de la nota ingresada por el Agrimensor Federico Ponti. En función de ello, el Secretario dijo en su momento que el Agrimensor Ponti  tampoco sabía  dónde estaba el límite  en el área de Concesión , el  Agrimensor Ponti  dejo sentado que conoce con total exactitud el área de Concesión y consecuentemente , la ubicación de los límites , desde el año 1985 cuando comenzó a desarrollar tareas de índole profesional en el cerro. Que la información técnica referente a la extensión , y ubicación del área de Concesión es de acceso público para quién quiera obtenerla. En consecuencia, el Señor Ponti manifiesta que lo afirmado por el funcionario municipal  interpelado no se ajusta a la realidad de los hechos.”

Concejal Otharan: “ Empezamos por la Ley Nacional de Ética (Pública). Yo creo que esto tiene que estar enmarcado donde debemos enmarcarlo nosotros y tenemos que hablar de un funcionario netamente político. Me parece lamentable. Si hay algo que no tiene un Dictamen Jurídico es la visión política se equivocaron porque está tocando lo que cuando firmamos el Acuerdo cuatro fuerzas políticas. Que no por estar afiliado al Movimiento o a otro Partido Político. Yo creo que se equivocaron  y entonces sin  ninguna duda como en toda equivocación política se pagan las consecuencias. Estamos hablando de un Secretario de Gobierno. No estamos hablando de un vecino. Por supuesto que mañana van a decir que esto es la interna política y por otro lado, lo que no hago es defender lo indefendible. Y sabrá Juan Carlos si éste es el momento y si después con determinados antecedentes le vamos a creer. “

Concejal Ambrogi:  “Yo voy a ser muy breve. Voy a fundamentar como acostumbro, a fundamentar siempre mi decisión para no votar este proyecto. Aclarando que no es una decisión de todos como acabamos de decir. Mi fundamentación se centra en justamente en lo normativo, en lo jurídico. Para eso nosotros estamos acá el Concejo Deliberante es esencialmente eso, respetar las leyes. Pero en esta circunstancia parece que nos rasgamos las vestiduras.  Porque yo cuando escucho a algunas personas, me gustaría que se ejerza esa pulcritud antes, durante y después de cumplida esa función. Por lo tanto, esto se trata desde un inicio de generar un  hecho político a mí me hubiera gustado que nosotros viéramos este tema como conjunto del Cuerpo Deliberativo.

Iniciamos esta conversación en una Parlamentaria donde todos, y me incluyo, “Si hubo una acción en contra de las buenas prácticas de un funcionario municipal, que se investigue”. Pero en otro ámbito, que no fue el del Cuerpo en su totalidad, se decidió pedir una interpelación. Sino que se trata de aplicar una política “en contra de”. Pero acá de lo único que se trata es que se vienen generando hechos políticos.

A veces nos encerramos en una burbuja y creemos que nuestras apreciaciones son las apreciaciones de nuestra comunidad. Por lo tanto, yo estoy segura que todo esto desde un inicio la comunidad lo ha tomado muy bien.”

Concejal González: “  Y sí por supuesto que es un hecho político. Por otro lado, la investigación que se pide, se pide un Sumario Administrativo. Lo único que hemos pedido  es esclarecer un hecho que ha hecho mucho ruido en la comunidad que genero  inequidad al momento de aplicar la normativa. Un funcionario de alto rango como es el Secretario de Gobierno. Mejor dicho, lo destacó cuando yo le recordé que hace 4 años atrás ya en ese momento realicé un acta de infracción .Tanto lo ético como lo comercial está en discusión. Acá lo que quedó demostrado es que tenemos un funcionario público de alto rango que sucesivamente fue cometiendo  la misma falta en la misma actividad.”

Concejal Saloniti: “ Para finalizar el tema, quiero decir varias cosas. El Intendente dijo “Los Concejales quieren prensa”. Ahora lo que sí les pido a los medios  es que hablen sobre el tema. A veces no entiendo las interpretaciones periodísticas. Ahora todos son defensores del derecho. Les aseguro que estarían siendo  los abanderados si la falta la hubiera cometido un funcionario del  MPN.  Esto no tiene que ver ni con que yo esté en la campaña ,yo no sé lo que voy a hacer, pero les puedo asegurar que lo que hizo Carnaghi está mal.  ¿Nos vamos a quedar calladitos? Tenemos que dar la opinión y claro que no somos jueces. El Sumario es una obligación. Es una obligación del Intendente frente a una denuncia. Más allá de que sea un buen tipo o te abrís del comercio o te abrís de la Mesa Intercultural, porque si no, parece que nosotros somos unos desquiciados que porque queremos llegar al poder, inventamos cualquier cosa. Jurídicamente les respondo está es la incompatibilidad y de la ética ni hablemos, porque no admite prueba en contrario. Muchos de los que estamos acá nos tomamos el trabajo de leer todo lo que dijo Carnaghi.  Por lo menos nos sentimos con el deber cumplido de que si hicimos lo que teníamos que hacer.”